Hay una idea que conviene fijar desde la primera línea: la razón por la que hoy se discuten portaaviones, operaciones encubiertas y planes de salida para Nicolás Maduro no está en Washington, sino en Miraflores. Fue Maduro quien se robó las elecciones de 2024, se negó a publicar las actas, reprimió las protestas y convirtió a Venezuela en un laboratorio de fraude electoral y represión sistemática.
Frente a esa deriva, el pueblo venezolano y su dirigencia democrática —con María Corina Machado a la cabeza— apostaron una y otra vez por la ruta cívica: primarias organizadas sin CNE, levantamiento de actas paralelas, construcción de una mayoría ciudadana detrás de Edmundo González, y un esfuerzo titánico de observación electoral que documentó el robo.
No es casual que Machado haya recibido el Premio Nobel de la Paz después: la comunidad internacional reconoció en ella el símbolo de una lucha no violenta, democrática y profundamente ciudadana. Esa es la vía que cualquier persona razonable preferiría: una transición pacífica, electoral, supervisada por instancias multilaterales y anclada en el derecho internacional. Pero esa vía fue precisamente la que Maduro dinamitó.
Rusia: socio, sí; escudo militar, no
Uno de los errores más peligrosos del debate es imaginar que Maduro cuenta con un “paraguas ruso” dispuesto a defenderlo a cualquier precio. Los hechos dicen lo contrario.
En noviembre, el canciller Serguéi Lavrov fue cristalino:
• Venezuela es un “socio estratégico” de Rusia,
• pero la relación no se parece en nada a la alianza con Bielorrusia,
• y el nuevo Tratado de Asociación Estratégica firmado en mayo no incluye obligaciones de defensa mutua.
Lavrov añadió dos datos cruciales:
1. Moscú “no tiene planes” de enviar tropas ni nuevas armas para defender a Caracas, y
2. Rusia actuará “estrictamente dentro de lo estipulado en el tratado”, que se limita a cooperación técnica, industrial y de seguridad, pero no obliga a ir a la guerra por Maduro.
Al mismo tiempo, medios como Newsweek y analistas del RUSI señalan que, aunque Rusia sigue siendo el principal proveedor de armamento de Venezuela y ha montado una fábrica de munición Kaláshnikov en el país, el Kremlin es muy poco probable que arriesgue tropas en un choque directo con Estados Unidos en el Caribe. Su ejército está ya sobreextendido por la guerra en Ucrania y la prioridad estratégica de Moscú no es Caracas, sino su propio flanco europeo.
Incluso cuando parlamentarios rusos fantasean con enviar misiles hipersónicos a Venezuela, los mismos reportes aclaran que se trata más de gestos retóricos que de compromisos operativos: Moscú disfruta del valor simbólico de tener un aliado antiestadounidense en el hemisferio, pero no está dispuesto a poner en juego una guerra frontal por él.
En resumen:
• Rusia seguirá ofreciendo pernos, cables, asesores, y discursos.
• Pero no habrá brigadas rusas defendiendo Miraflores si la crisis escala.
Maduro lo sabe. Por eso hace tiempo dejó de apostar a Moscú como salvavidas real y empezó a mirar —con evidente desesperación— hacia Washington y hacia la región.
Washington aprieta el cerco… pero esto no es Irak ni Afganistán
Desde agosto, Estados Unidos ha desplegado en el Caribe la mayor presencia militar en décadas: el portaaviones USS Gerald R. Ford, varios buques de escolta, submarinos y entre 10.000 y 15.000 efectivos, formalmente bajo la campaña Operation Southern Spear, presentada como ofensiva contra carteles de la droga y “narco‑terroristas”.
En paralelo, el Pentágono ha ejecutado decenas de ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico, mientras la administración Trump anuncia que designará al llamado Cartel de los Soles —la red de oficiales y jerarcas chavistas implicados en narcotráfico— como organización terrorista extranjera.
Además, el propio Trump ha confirmado que autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas, incluso letales, dentro de Venezuela, como parte de una campaña para “preparar el campo de batalla” y elevar el costo personal para Maduro y su círculo.
Todo esto es serio, peligroso y merece escrutinio. Pero no es correcto equipararlo con las invasiones clásicas de Irak (2003) o Afganistán (2001). Las diferencias son profundas:
1. Escala militar
• Irak: en la fase inicial se desplegaron unos 160.000 soldados de tierra, sin contar aliados, y se cruzó la frontera para ocupar el país.
• Afganistán: la coalición llegó a tener más de 130.000 tropas de la OTAN sobre el terreno en el pico del conflicto.
• Venezuela hoy: hablamos de un grupo de portaaviones, buques, aviones y fuerzas listos para actuar, sí, pero sin una invasión terrestre en curso ni divisiones cruzando la frontera venezolana. La lógica es de presión y castigo selectivo, no de ocupación.
2. Objetivo declarado
• Irak y Afganistán: el objetivo explícito era derrocar al gobierno, ocupar el territorio y emprender “nation‑building”.
• En el caso venezolano, la Casa Blanca habla de destruir carteles y redes de narcotráfico; en la práctica, cualquiera sabe que el fin político es forzar la salida de Maduro, pero no se plantea —ni sería políticamente viable— una ocupación prolongada para reconstruir el Estado.
3. Instrumentos usados
• Irak/Afganistán: combinación de bombardeos masivos, invasión terrestre, control de ciudades y presencia de decenas de miles de soldados por años.
• Venezuela: ataques a embarcaciones en alta mar, despliegue aéreo y marítimo, operaciones encubiertas y guerra de información. Incluso si acabaran produciéndose golpes puntuales sobre objetivos en territorio venezolano, estaríamos ante una campaña de presión y sabotaje, no ante una guerra de ocupación.
4. Arquitectura política
• Irak y Afganistán llevaron aparejadas amplias coaliciones formales y autorizaciones de guerra (AUMF) que legitimaban —al menos desde la perspectiva de Washington— compromisos de largo plazo.
• La estrategia actual frente a Maduro se parece más a una operación extendida de “guerra contra el narco‑terrorismo”, con fuerte protagonismo de figuras como Marco Rubio, que ha insistido durante años en tratar al régimen venezolano como una organización criminal que se disfraza de gobierno.
Criticar los excesos y los riesgos de esta estrategia es legítimo; llamarla “otra Irak” es, simplemente, incorrecto y confuso.
Trump, Rubio y la lógica de la presión
Informes de prensa señalan que, en ese contexto, emisarios de Maduro se acercaron a la administración Trump con una propuesta:
• transición de dos a tres años,
• garantías de seguridad e impunidad para el círculo gobernante,
• y acceso privilegiado al petróleo venezolano para empresas estadounidenses.
La Casa Blanca rechazó la oferta por considerarla inaceptable; no estaba dispuesta a regalarle dos o tres años más al responsable del fraude.
Es fácil, desde la comodidad de terceros países, indignarse con los métodos de Washington. Lo difícil es responder a esta pregunta: ¿qué otra opción dejaron Maduro y su círculo cuando rechazaron el escrutinio internacional, violaron los acuerdos de Barbados, falsearon los resultados y encarcelaron a opositores, incluidos los colaboradores de María Corina?
En esa lectura, la estrategia de Trump —con Rubio como una de las voces más informadas sobre la región— no es un capricho belicista, sino un intento de evitar precisamente una invasión clásica, usando herramientas de presión militar limitada, operaciones encubiertas y cerco jurídico contra un narco‑Estado que ya no admite reformas desde dentro.
Lo que todos quisiéramos… y quién cerró la puerta
Toda persona razonable —y, de hecho, todo el movimiento democrático venezolano— preferiría otra escena:
• Reconocimiento e instalación de Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela, surgido de un proceso electoral en donde la abrumadora mayoría de venezolanos habló a través del voto;
• liberación de todos los presos políticos,
• y una transición democrática ordenada y acordada bajo el paraguas de la OEA, la ONU y los vecinos de la región.
Ese fue el camino que encarnaron María Corina Machado y el Comando Con Venezuela: movilizar a millones de ciudadanos, documentar el fraude, insistir en la no violencia, pedir auditorías internacionales y comprometerse con una transición pacífica.
Pero Maduro decidió otra cosa. Prefirió:
• apropiarse de la elección de 2024,
• ocultar las actas,
• criminalizar a Edmundo González y obligarlo al exilio,
• detener o expulsar a los cuadros de la campaña opositora,
• y apoyarse en redes criminales que hoy son tratadas como “terroristas” por buena parte del mundo democrático.
Por eso hoy el tablero está dominado por palabras que nadie quería oír: portaaviones, designaciones terroristas, planes de salida negociada con garantías personales. No fue el mundo el que se cansó de la vía democrática; fue Maduro quien la aplastó.
Rusia, pese a la retórica, no jugará la carta de una guerra abierta para salvarlo. Estados Unidos no está desplegando otra invasión al estilo Irak o Afganistán, sino un mecanismo de presión que busca evitar justamente ese escenario.
En medio de esa pinza, la única constante digna de confianza sigue siendo la misma: un pueblo y una dirigencia democrática que, con María Corina Machado y Edmundo González como referentes, han hecho todo lo que su limitado margen de acción política les permite hacer. La historia será clara cuando pase la tormenta:
• si hoy se habla de misiles, portaaviones y planes de exilio dorado, es porque un solo hombre y su camarilla decidieron que preferían gobernar como una mafia atrincherada antes que someterse al veredicto limpio de las urnas.
El deber del mundo libre —y, sobre todo, de América Latina— es apoyar a la Venezuela democrática para que, incluso en estas condiciones, la salida que finalmente prevalezca se parezca lo más posible a lo que ella lleva años exigiendo: una transición pacífica, electoral, justa y digna para una nación que ya pagó demasiado caro el precio de la libertad.
